Este 2018, las Naciones Unidas propone conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, bajo el lema "Ahora es el momento: Las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres". Bajo este enfoque, hacemos un llamado a reflexionar sobre la urgencia de empoderar e intensificar los esfuerzos de acceso y permanencia en la educación, a todos los niveles, de niñas y adolescentes mujeres que viven en zonas rurales, quienes están más expuestas a la violencia, la discriminación y también a las peores formas de trabajo infantil.

En América Latina y el Caribe las mujeres que viven en zonas rurales, están más afectadas por la pobreza, carecen de protección social, trabajos decentes, no cuentan con facilidades para conciliar el trabajo con las labores de cuidado y son más vulnerable a los efectos del cambio climático. Ellas representan el 29% de la fuerza laboral y son responsables del más del 50% de la producción de alimentos, según FAO.

La participación de la mujer rural en el ámbito laboral aún no alcanza las mismas condiciones y oportunidades que tienen los hombres rurales o las mujeres de zonas urbanas. Para frenar esta cadena de desigualdad, las niñas y adolescentes mujeres de zonas rurales necesitan de protección social focalizada, capacitación y atenciones diferenciadas que les permitan superar la barrera de género y evitar recurrir al trabajo infantil, especialmente en sus peores formas, como una actividad para su sustento o como alternativa para escapar de situaciones de maltrato y violencia física y psicológica.

De acuerdo con OIT y  CEPAL, si bien el mayor porcentaje de trabajo infantil en América Latina y el Caribe  corresponde a niños y adolescentes hombres, el porcentaje de niñas y adolescentes mujeres que realizan quehaceres domésticos como ocupación principal, ya sea trabajo doméstico infantil en hogares de terceros o tareas  sin remuneración en el propio hogar, es considerablemente superior al de los hombres.                                    

En las zonas rurales, las actividades que suelen asignarse a las niñas y adolescentes mujeres limitan su acceso a conocimientos y nuevos que les permitan desarrollar habilidades para, en un futuro, insertarse en la fuerza laboral de manera segura y remunerada.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a través de varios de sus Objetivos como el referido a la igualdad de género (ODS 5), al trabajo decente (ODS 8), a la reducción de las desigualdades (ODS 10), entre otros, compromete y exige a los países saldar estas diferencias y poner en marcha respuestas integrales y eficientes que protejan a quienes están en mayor riesgo de quedarse atrás, como son las niñas y adolescentes mujeres, especialmente las que viven en zona rurales.

La acción del Estado sigue siendo insuficiente para facilitar a las niñas rurales acceder y permanecer en la escuela y en ciclos superiores de formación; para crear oportunidades de trabajo protegido y estable para las adolescentes y jóvenes mujeres y avanzar en el camino hacia el desarrollo sostenible de la región.

“Conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas son tareas pendientes de nuestra época y constituyen el mayor desafío en materia de derechos humanos del mundo. Invertir en las mujeres es la forma más eficaz de que las comunidades, las empresas e incluso los países prosperen. La participación de la mujer hace que los acuerdos de paz sean más sólidos, que las sociedades sean más resilientes y que las economías sean más pujantes”. - António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas

Las niñas y adolescentes mujeres son un eslabón clave para alcanzar y mantener una región sostenible y justa. Por ello urge impulsar reformas que pongan fin a prácticas discriminatorias, violentas y excluyentes hacia las mujeres en las diversas etapas de su desarrollo, en sus diferentes grupos étnicos, en sus zonas de origen o de residencia y en sus espacios de trabajo y vida diaria.