Washington – Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Costa de Marfil, Jordania y Uzbekistán han sido registrados como los nueve países que alcanzaron los avances más significativos en la lucha frente al trabajo infantil durante el año 2021, de acuerdo al Informe “2021 Findings on the Worst Forms of Child Labor” (disponible en inglés), publicado en septiembre de 2022 por la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL, por sus siglas en inglés). 

Esta publicación describe el progreso realizado por 131 países para sostener los compromisos internacionales de erradicar el trabajo infantil, registrando los diversos avances durante el periodo de medición (año 2021, en el contexto de la pandemia de COVID-19) en áreas como marcos legales, ejecución, coordinación, políticas y programas sociales. Del grupo que obtuvo los avances significativos, seis son de la región de América Latina y el Caribe y pertenecen a la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil. 

Una mirada a los avances en nuestra región 

Presentamos un breve resumen de los avances alcanzados por país en la región de América Latina y el Caribe, de acuerdo al informe publicado. Cabe destacar que los logros registrados frente al trabajo infantil también abordan las llamadas peores formas de trabajo infantil, entre ellas, el trabajo forzoso y la trata con fines de explotación económica, como lo señala el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), de la OIT. 

En Argentina, destacan las iniciativas para mejorar la coordinación a nivel sub-nacional frente al trabajo infantil, el cumplimiento de más de 50 acciones meta del "Plan Nacional contra la Trata y Explotación de Personas 2020-2022", el lanzamiento de un plan de acción para potenciar la cooperación de los sectores público y privado, así como la publicación del estudio "El impacto de la pandemia COVID-19 en las familias con niños, niñas y adolescentes" –elaborado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)–. 

En Colombia, es relevante la rectificación del Código Penal, que incrementa las penalidades por agravantes en los delitos de trata de personas que involucran niños, niñas y adolescentes. Destacan también la adopción, por parte del Ministerio del Trabajo (MDT), de la "Guía para la Identificación de Posibles Casos de Trata en las Personas con Fines de Trabajo Forzoso" y la implementación del plan nacional "Cero Complicidad con la Trata", con miras a fortalecer la prevención de la trata de personas, a cargo del Ministerio del Interior. Asimismo, es significativa la publicación de un informe sobre el reclutamiento y la violencia sexual hacia niños y niñas en el contexto de grupos armados y criminales, así como la introducción del programa social “Modalidad Katünaa”, destinado a la protección de los derechos fundamentales de esta población. 

En cuanto a los avances de Costa Rica, se reconoce la publicación de una nueva encuesta de hogar, incluyendo un componente que mide las tasas de trabajo infantil entre los 12 a 17 años. Asimismo, destacan la promulgación de nuevos planes de acción para combatir el trabajo infantil y la trata de personas, la redacción de una ley para atender a las personas migrantes en situación de trata de personas, y la modificación de las leyes vinculadas al mismo tema. También se hace mención a la publicación de una nueva guía para orientar a las empresas en su responsabilidad de combatir el trabajo infantil, a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). 

En Ecuador, se coordinaron varios planes de inspección en el sector agropecuario en zonas rurales, entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Inclusión Económica y Social; así como algunos mecanismos para abordar el trabajo infantil en la minería ilegal en la frontera Ecuador-Colombia, a cargo de entidades ecuatorianas responsables en el tema y sus contrapartes colombianas. Asimismo, la Red Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil continuó su trabajo con 73 entidades empresariales, poniendo el foco en los sectores prioritarios de banano, flores, pesca y minería. Además, la Fiscalía General del Estado capacitó a más de 2000 fiscales y personal administrativo sobre delitos sexuales contra personas menores de edad y trata de personas. En el marco del “Plan de Acción contra la Trata de Personas en Ecuador 2019-2023", el gobierno llevó a cabo varias capacitaciones dirigidas al personal de la inspección del trabajo, las fiscalías y la Policía Nacional, entre otras entidades.  

Los avances de Guatemala registran el establecimiento del “Programa de Unidades Móviles para la Prevención de la Violencia Sexual, Explotación y Trata de personas” por parte del Gobierno, con el fin de prestar servicios e incrementar la conciencia sobre estos temas en zonas rurales y comunidades remotas. Asimismo, el Ministerio Público inauguró dos nuevas oficinas fiscales regionales que procesarán los casos relacionados con la trata de personas, ampliando el acceso a la justicia para las víctimas. Además, el Gobierno modificó la legislación para aumentar el alcance y el presupuesto del programa de alimentación en la escuela en un 57%, poniéndolo a disposición de todo el alumnado de la escuela pública. Junto a UNICEF y la Fundación Sobrevivientes, el Gobierno lanzó tres nuevas herramientas destinadas a proteger a los niños y las niñas en línea. Además, Guatemala firmó un acuerdo de cooperación con los Gobiernos de El Salvador y Honduras para fortalecer esfuerzos contra la trata de personas. 

En Honduras, el Gobierno estableció un nuevo protocolo legal para mejorar la coordinación de la comunidad local en asuntos de trabajo infantil y aumentó las penas por trabajo forzoso en el Código Penal, pasando de 5-8 a 10-15 años de prisión. Asimismo, estableció la “Hoja de Ruta para la Eliminación de Trabajo Infantil en Honduras (2021-2025)”, cuyo objetivo es identificar los factores de riesgo al trabajo infantil, incrementar la conciencia sobre las leyes y establecer un protocolo para responder a las faltas vinculadas al trabajo infantil. También se llevaron a cabo múltiples inspecciones de trabajo infantil en todo el país. Por su parte, a Secretaría de Educación lanzó un nuevo sistema de gestión de la información para abordar las brechas educativas generadas por la pandemia de COVID-19. 

Conoce a detalle los resultados y las sugerencias del informe de USDOL aquí.